1. El pasado 12 de abril, el Consejo Escolar del Estado
manifestaba su inquietud por las repercusiones que podrían tener los recortes
presupuestarios, anunciados o en curso, en aspectos esenciales para la marcha
del sistema educativo, y se dirigía a las Administraciones educativas pidiendo
que, a la hora de proceder a eventuales ajustes, tuvieran en cuenta esos efectos.
Desgraciadamente, en el comienzo del presente curso, aquellas inquietudes han
venido a confirmarse por las medidas restrictivas que han aplicado distintas
Administraciones, lo que ha derivado en conflictos que, sumados a los recortes
que los motivaban, hacen augurar un curso problemático.
2. En esta situación, la Comisión Permanente del Consejo Escolar del
Estado no puede dejar de manifestar su preocupación por las consecuencias que
se pueden derivar de la situación apuntada. Los recortes presupuestarios,
traducidos en aumento del número de alumnos por clase, reducción o desaparición
de los servicios de apoyo al alumnado con dificultades, desatención a la
tutoría y orientación de los alumnos…, están afectando de lleno a la enseñanza
pública y a la calidad de la educación en sus centros. Todo ello se agrava por
el deterioro de las condiciones en que el profesorado desempeña su trabajo
(aumento del número de estudiantes a los que deben atender, necesidad de
ocuparse de otras materias para las que no están debidamente cualificados,
abandono de los instrumentos de formación permanente del profesorado…) como
consecuencia de los recortes en las plantillas por la no renovación de los
contratos de muchos profesores.
3. La aplicación de estos recortes supone una contradicción
con los pronunciamientos de organismos internacionales, como los que
mencionábamos en la propuesta del 12 de abril, y con los de las propias
autoridades que ahora los promueven, y
los reducen, en la práctica, a buenos deseos. Nos referimos a la proclamada
importancia de la educación para el desarrollo económico y social del país,
especialmente en estos tiempos de crisis que afrontamos, o a la reiterada
afirmación del decisivo papel del profesorado en la educación de los jóvenes
que no se corresponde, en absoluto, con las medidas que les afectan ni con
apreciaciones poco meditadas sobre su jornada de trabajo con vistas a
justificarlas.
4. Dos aspectos preocupan especialmente al Consejo: La
desigual incidencia que estos recortes están teniendo en las diferentes
Comunidades autónomas, con independencia del signo político de quienes las
rigen, que puede ahondar la diferencia de trato al alumnado en el servicio que
se les presta y, en definitiva, puede poner en peligro la exigencia
constitucional de igualdad de derechos y obligaciones “en cualquier parte del
territorio del Estado” que establece el artículo 139 de la CE. Y, en un plano
más concreto, la previsible fractura de la tendencia al descenso de las tasas
de abandono y fracaso escolar registrada en los dos últimos años.
5. Por todo ello, la Comisión Permanente del Consejo se
dirige a las personas e instituciones implicadas y les expone estas peticiones:
Primera
Reitera a las Administraciones educativas la petición de
que, en su empeño por reducir el déficit ante la situación de crisis económica
a la que nos enfrentamos, no pongan en peligro un servicio público que, junto a
otros igualmente importantes, constituye la columna vertebral de la cohesión
social de la nación.
Segunda
Asimismo, el Consejo Escolar del Estado solicita a las Administraciones
educativas que, para superar las graves deficiencias existentes, negocien con
los legítimos representantes del profesorado la retirada de los decretos e
instrucciones que han propiciado esta situación, a fin de lograr el
imprescindible consenso de todos los sectores de la comunidad educativa, y
asegurar así el correcto funcionamiento del sistema educativo.
Madrid, a 11 de octubre
de 2011