Expertos de la Generalitat proponen prescindir de
la mayoría de funcionarios
Solo
policías, inspectores y figuras de autoridad mantendrían el estatus
El resto de
empleados públicos serían laborales
La Comisión de Expertos designada por el Gobierno
catalán para elaborar un informe sobre la reforma de la Administración pública
y su sector ya ha finalizado su trabajo y ha entregado el informe a la vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega.
El grupo que preside el catedrático Guillem López-Casasnovas aboga por una
Administración más “eficaz, eficiente, transparente y que rinda más cuentas”,
que considere al ciudadano su cliente y que esté mucho más profesionalizada que
ahora. Entre otras propuestas, el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS
reclama que solo haya funcionarios en puestos que requieren del ejercicio de la
autoridad, como la policía, los inspectores o quienes otorgan licencias. El
resto, que se encargue a personal laboral, esto es, contratos indefinidos pero
no de por vida como los de los funcionarios. Hoy la Generalitat tiene 160.000
empleados, de los cuales 122.000 son funcionarios; 26.000, interinos, y 12.000,
laborales.
El informe, con una extensión de 36 páginas, indica
que “cabría limitar los puestos de trabajo reservados a personas que tengan la
condición de funcionario a aquellas funciones directamente conectadas con el
ejercicio de la autoridad administrativa”. Una idea que surge de la apuesta por
“internalizar la inteligencia, externalizar el trámite” en el capítulo de
propuestas en materia de recursos humanos. “Los puestos de trabajo de plantilla
se deben reservar, en general, a tareas cualificadas de valor añadido y a
aquellas funciones necesarias para contratar, supervisar y gestionar servicios
públicos a través del mercado. Los trabajos de puro trámite o apoyo logístico y
las de estricta ejecución deben tender a externalizarse”, sostiene el
documento.
El trabajo que también firman Francisco Longo, Carles
Ramió, Joan-Ramon Rovira y Josep Valor, apuesta por una gestión de los recursos
humanos que varíe ya desde la selección, huyendo de la clásica “oposición
memorística, ascensos por antigüedad o uniformidad salarial” e incorporar
variables “que garanticen el mérito y la flexibilidad”. Los expertos hablan de
“introducir mecanismos ágiles de movilidad funcional y geográfica”, de
“instrumentos de selección basados en competencias”, de no remunerar más solo
por antigüedad, de evaluar el trabajo o de velar por generalizar las
remuneraciones variables.
Las propuestas también incluyen “códigos de conducta
de los empleados públicos” y “códigos deontológicos de valores y ética
pública”. Además, abogan por “rediseñar la administración nuclear de la
Generalitat”, reduciendo el número de departamentos y compactando en “una única
área funcional las responsabilidades presupuestarias y de recursos humanos”,
además de crear “un espacio de alta dirección pública”.
Los expertos admiten que las
propuestas suponen “cambios profundos en el statu quo, que
previsiblemente generarán resistencias”
Todas estas sugerencias parten de un diagnóstico de la
Administración del que los expertos cuestionan que esté suficientemente
orientada “a los resultados, la transparencia y la evaluación”, constatan
“carencias significativas en las capacidades de gestión implícitas en un
sistema que debe implementar políticas públicas de alta complejidad y proveer
un conjunto de servicios públicos de gran trascendencia social, en un contexto
de escasez de recursos”.
El
documento reconoce que el informe “obliga a diseñar una estrategia de reforma
institucional”, un plan que debe apoyarse en un grupo de trabajo de “alto
nivel” liderado “políticamente al más alto nivel”. Los expertos admiten que las
propuestas suponen “cambios profundos en elstatu quo, que
previsiblemente generarán resistencias”. Sobre los tiempos, el texto habla de
calendarios más rápidos y otros “que aconsejarán procedimientos más
participativos, selectivos y graduales”. Unos tiempos “incompatibles” con los
ciclos electorales, cuyo éxito, advierten, será proporcional al “al grado de
consenso político”.
