Els empleats públics d'Extremadura rebran a l'abril el 70% dels 44 dies meritats de l'extra

Els empleats públics d'Extremadura rebran a l'abril el 70% dels 44 dies meritats de l'extra

El Periódico de Extremadura


Todos los empleados públicos de la Administración de la comunidad autónoma de Extremadura (incluidos docentes y sanitarios) recibirán en el próximo mes de abril el 70 por ciento de los 44 días devengados de la paga extraordinaria suspendida en 2012, y en enero de 2015 lograrán el abono del 30 por ciento restante.


En concreto, el conjunto de los empleados públicos recibirá 14.446.000 euros en abril próximo y 6.191.000 euros en enero de 2015.

De este modo lo anuncia el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado Batalla, después de que la Mesa de Negociación sobre esta cuestión abierta entre el Gobierno regional y los sindicatos haya alcanzado este lunes el citado acuerdo.

Nevado Batalla destaca la "responsabilidad" de los representantes sindicales en la Mesa General de Negociación y el "esfuerzo" realizado por el Gobierno extremeño en aras de la consecución de "un objetivo común" de "garantizar los derechos económicos" de los empleados públicos de la comunidad.

Así, agradece a los sindicatos CCOO, CSIF y UGT la "muestra de responsabilidad" que han hecho --indica-- "para dar una imagen de unidad, de fortaleza frente a los empleados públicos en la defensa de sus derechos económicos", además de su colaboración --añade-- con el Ejecutivo autonómico para "cumplir" uno de sus "compromisos" con el colectivo.

El consejero subraya también que, en virtud del acuerdo alcanzado, cada empleado público de la región, teniendo en cuenta que las "diferencias retributivas en el ámbito" de la administración "son bastante significativas entre un grupo D y un grupo A", recibirá una media aproximada de 200 euros.

UGT

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José Ignacio Luis Cansado, tacha de "razonable" y "equilibrado" el acuerdo alcanzado, aunque añade también que "evidentemente no responde" a las "pretensiones iniciales" de su sindicato.

Así, recuerda que la "primera" propuesta de su sindicato era que "se abonara en abril la total de las cantidades que se habían retenido" según el criterio de su organización "injustificadamente e ilegalmente" como consecuencia de un decreto del Gobierno que era de aplicación "en el ámbito de las administraciones públicas".

Tras una "dura y ardua negociación", según dice, las partes han ido "cediendo por un interés general" y ante "la dificultad presupuestaria que tenía el Gobierno para hacerlo efectivo (el pago)".

"Ha sido un acuerdo complicado, difícil, en el que todos hemos puesto mucho de nuestra parte para poder llegar a un acuerdo", insiste y añade que los empleados públicos "más". "Porque entendemos que son unas cantidades pertenecientes a 2012 y que por tanto tenían que hacerse efectiva".

También señala que el acuerdo alcanzado va a evitar que "no" haya una "cascada previa" de reclamaciones previas y posteriores contenciosos administrativos en el ámbito de la Administración autonómica que, añade, "iba a llevar a un coste claro para el conjunto de los ciudadanos de la región".

"Evidentemente simplemente el hacer frente a las reclamaciones previas significa un número de personas que tenía que estar dedicado exclusivamente a esa historia y después si los juicios iban a ser, como parece ser que iban a ser, favorables, pues en un momento determinado si se demoraban podían llevar incluso a costas judiciales o incluso a percepción de intereses", explica.

"Hemos pensado en el interés general no solamente de los empleados públicos, sino del conjunto de los ciudadanos de Extremadura, y por eso el acuerdo que hemos hecho es equilibrado aunque evidentemente tampoco responde a nuestras pretensiones iniciales", concluye.

CCOO

A su vez, la portavoz del Área Pública de CCOO, Marisol Salazar, considera que el alcanzado "como todos los acuerdos" es "un poco agridulce", al tiempo que añade que también "en un escenario de negociación es necesario que las partes cedan en alguna de sus pretensiones", y reconoce además que el mismo "está un poco lejos" de las "pretensiones iniciales" de su sindicato.

En cualquier caso, incide en que "al final la valoración general hay que hacerla como positiva", y reconoce también "la voluntad" del Gobierno de Extremadura de "no querer judicializar este proceso". "Es importante también que se paralice ya la avalancha de posibles recursos jurídicos que venían detrás de la sentencia" ya conocida.

"Entrando ya en un escenario de negociación creemos que este 70-30 sitúa a los trabajadores de la Administración pública en una posición de al menos empezar a recuperar algo de lo que realmente les pertenece y nunca debió de habérseles sustraído", Salazar.

La representante de CCOO indica asimismo que su organización espera que "el próximo paso" sea que el Tribunal Constitucional reconozca que la supresión de la extra en 2012 "fue injusta e ilegal" y que con ello "se abone la totalidad de la paga extra a los empleados y empleadas públicas de todo el país y por supuesto también de la comunidad autónoma de Extremadura".

CSIF

Por su parte, el presidente autonómico de CSIF Extremadura, Benito Román, afirma que con el acuerdo alcanzado "se comienza a hacer justicia ante una injusticia como fue la eliminación de la paga extra de 2012", y destaca que la extremeña es la "primera" comunidad "donde se llega a un acuerdo para que se haga efectivo el devengo de los 44 días".

Según dice, el devengo "no es una dádiva" que "se le da a los empleados públicos", sino que "es un devengo que los empleados públicos a través de las distintas sentencias han ganado". "Y evidentemente, para no saturar los juzgados, el Gobierno de Extremadura con buen criterio ha llegado a un acuerdo con las distintas organizaciones sindicales para el abono de esas cuantías", añade.

Apunta también que CSIF cree que "esto ya debe de ser un punto de inflexión a los distintos recortes que se están llevando a cabo dentro de lo que es el panorama de los empleados públicos", al tiempo que defendió que "se debe de comenzar cuanto antes con la restitución de los derechos que todos los empleados públicos están perdiendo".

Román señala así en nombre de su sindicato que espera y desea que "éste sea el pistoletazo de salida" para que "en un futuro todos los empleados públicos puedan recuperar todos los derechos que han perdido".

De igual modo, explica que "había bastante reclamaciones en marcha" y subraya que con el acuerdo logrado "lo que se hace es darle tranquilidad a los empleados públicos con respecto a este devengo".

Además, insta al Gobierno central a que "cuanto antes" convoque "de manera urgente" la Mesa General de Negociación para que "se restituya" la parte de la extra suprimida en 2012 (en Extremadura, quedarían 136 días, ha recordado), "para que los empleados públicos pudieran cobrarlo cuanto antes".

Tema: paga extra , paga nadal 2012 , Pública , reclamació , Sentència TSJC